Las duras restricciones al aborto en Texas encienden las alarmas por el retroceso a este derecho en EE.UU.

Las duras restricciones al aborto en Texas encienden las alarmas por el retroceso a este derecho en EE.UU.

Este año se han aprobado más de 500 limitaciones a la interrupción voluntaria del embarazo en decenas de estados.

Los detractores del aborto están avanzando con fuerza en EE.UU. para restringir un derecho que está vigente en este país desde 1973, lo que mantiene en alerta a los movimientos feministas y de derechos humanos que temen el impacto en el corto plazo de las decisiones que pueda tomar una Corte Suprema de mayoría conservadora.
El caso más extremo se registró esta semana en Texas, en donde entró en vigencia la llamada “ley latido del corazón” que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo una vez que se detecta la actividad cardiaca del feto, lo que puede ocurrir a las seis semanas, es decir, cuando muchas mujeres ni siquiera saben todavía que están embarazadas.
Uno de los aspectos más graves de la norma es que no prevé excepciones por violación o incesto, además de que permite que cualquier ciudadano denuncie a los profesionales que realicen estas prácticas, lo que empodera a las organizaciones antiabortistas para que intimiden a los médicos o a las clínicas en donde se realizan abortos.
La reforma implica un veto casi total del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y convierte a Texas en el estado con las restricciones más duras. Pero no es el único caso, ya que las campañas conservadoras prosperan en el resto del país.

Así lo revela un reporte de la organización Planned Parenthood, basado en datos recopilados por el Instituto Guttmacher, una institución sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, que advirtió que hasta marzo de este año se habían concretado más de 500 reformas para restringir esta práctica en 44 de los 50 estados de EE.UU., lo que demuestra la intensidad y el éxito que están teniendo los sectores antiabortistas.
En pugna
El aborto se legalizó en 1973 en EE.UU. gracias a la sentencia del emblemático caso conocido como Roe versus Wade, que avaló la interrupción del embarazo sin ningún tipo de restricción hasta que el feto sea viable. Lo consideró un derecho constitucional.
Con el paso del tiempo, los grupos antiabortistas fueron avanzando para que las legislaciones estatales limitaran un derecho que, sin embargo, estaba a resguardo gracias a la conformación de la Corte Suprema que, a pesar de los cambios de sus integrantes, mantenía una composición mayoritariamente a favor del aborto.
El panorama cambió de manera radical durante el Gobierno de Donald Trump, ya que el presidente designó a tres jueces conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. De esta forma, ahora seis de los nueve jueces y juezas de la Corte son antiabortistas.
Ello significa que tienen los votos suficientes para echar abajo la legalización que ha estado vigente durante casi cinco décadas a nivel nacional –y con diferencias entre las normas estatales–, lo que es el mayor temor del movimiento de mujeres.
En 2019 se aprobaron 304 restricciones al aborto, pero el número creció a 516 tan solo durante el primer trimestre de 2021
El caso de Texas demostró que, si bien el Poder Judicial avanza en las restricciones, con mayor fuerza en los estados gobernados por los republicanos, estas son resistidas desde el Poder Ejecutivo que hoy encabeza un demócrata.
“Esta ley extrema de Texas viola descaradamente el derecho constitucional establecido en el caso Roe versus Wade y mantenido como precedente durante casi medio siglo”, advirtió el miércoles el presidente Joe Biden al ratificar sus críticas a la medida y su compromiso a defender el aborto legal.
Según el mandatario, estos cambios perjudican el acceso a la salud de las mujeres, con un particular impacto negativo en las comunidades de migrantes y de bajos ingresos.
“Habilita a los ciudadanos privados a interponer demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a abortar, lo que puede incluir incluso a familiares, trabajadores sanitarios, personal de recepción de una clínica de atención sanitaria o extraños sin ninguna relación con el individuo”, advirtió.

Biden dijo que su administración estaba “profundamente comprometida” con el derecho de las mujeres a abortar y que su administración “protegerá y defenderá ese derecho”.
Los datos
De acuerdo con Planned Parenthood, en 2019 se aprobaron 304 restricciones al aborto, pero el número creció a 516 tan solo durante el primer trimestre de 2021.
Por otra parte, la cantidad de enmiendas constitucionales para limitar este derecho pasó de cuatro a 14, y las restricciones o prohibiciones del aborto con medicamentos aumentaron de 11 a 33.
“Mientras la nación continúa lidiando con la devastación del covid-19, la temporada legislativa estatal de 2021 está apareciendo como una de las más hostiles de los últimos tiempos en la historia de la salud y los derechos reproductivos”, señala.
También destaca que en los 29 congresos estatales en donde hay mayoría de legisladores antiaborto están empujando una agenda dañina contra derechos y libertades a través de un marcado aumento en el ataque al acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, lo que incluye la interrupción voluntaria del embarazo.
“Los políticos que se oponen al aborto obtuvieron más escaños en algunas legislaturas estatales en las elecciones de 2020 y están impulsando estas políticas a gran velocidad. Estos son los mismos políticos que impulsaron el ascenso al poder de Trump y quieren seguir promoviendo la misma agenda dañina bajo la administración de Biden”, explica.
Estas políticas, denunció, tienen un objetivo común: “Quitarnos la capacidad de controlar nuestros propios cuerpos”
Además, advierte que no es casualidad que los mismos políticos que atacan los derechos reproductivos también están impulsando proyectos de leyes contra los votantes y anti-LGBTQ+, ya que las iniciativas legislativas tienen sus raíces en el supremacismo blanco que se basa en premisas racistas y discriminadoras.
“Estos políticos saben que, para cumplir con su política agenda, primero deben desmantelar la democracia y proteger su propio poder y privilegio”, señala.
Cecilia González

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