Tensión en Buenos Aires: cómo decenas de familias vulnerables resisten en un terreno ocupado mientras la Justicia pide su desalojo

Tensión en Buenos Aires: cómo decenas de familias vulnerables resisten en un terreno ocupado mientras la Justicia pide su desalojo

Se instalaron desde el miércoles de la semana pasada con carpas y tiendas improvisadas. Hay muchos niños y tienen todo tipo de necesidades, mientras vecinos y agrupaciones colaboran con alimentos.

Decenas de familias vulnerables de Argentina están tomando un terreno junto a la Villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de tener tierras propias, ante la dificultad que conlleva pagar los alquileres, pero podrían ser echadas en cualquier momento tras el pedido de desalojo dispuesto por la Justicia Federal.
El predio en disputa tiene casi dos hectáreas. Allí se han instalado unas 50 carpas y tiendas improvisadas, con palos, telas y lonas, muy frágiles ante cualquier ventisca o inclemencia climática. De hecho, se vienen fuertes lluvias en las próximas horas. Aquel terreno está plagado de basura, fortaleciendo la versión de los ocupantes: “Esto estaba abandonado desde hace años”, afirma Nahuel Arrieta, un vocero de la toma. En ese marco, el sitio está repleto de niños, que corretean y juegan al fútbol, bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad.
Un muro y una reja separan el lugar del resto de la villa. Hasta allí se acercan vecinos del barrio y movimientos sociales para alcanzar alimentos y productos básicos para la subsistencia, que se introducen en el acampe bajo el sistema del ‘pasamanos’. Es que, aquellas personas que salgan del predio ya no podrán volver, en una táctica para vencer a las familias por agotamiento. Igualmente, hay uniformados que, conmovidos por la situación, miran para otro lado cuando algunos ocupantes tienen que salir y entrar por alguna urgencia, poniendo en riesgo su trabajo al desobedecer órdenes jerárquicas: “Yo también tengo que llegar a fin de mes. Los entiendo”, dice un efectivo, en voz baja. 

Concretamente, la resolución del juez Daniel Rafecas –tildado de magistrado progresista, del agrado de Alberto Fernández– ordena un desalojo “pacífico”, sin recurrir a la violencia física. Sin embargo, los delegados de la ocupación dicen que la expulsión podría ocurrir pronto. Mientras tanto, la prensa tampoco tiene permitido el ingreso, pero un vecino del lugar, Raúl, nos permite entrar a su casa para observar el panorama desde la altura, en un segundo piso. Y la escena parece de postguerra. Un campo de refugiados en medio de la capital argentina.
Derecho a la vivienda versus propiedad privada
La ocupación del terreno comenzó hace una semana. Los protagonistas afirman que ocurrió de forma desorganizada, por la simple motivación de tener un hogar propio. De todos modos, esta clase de métodos divide a la opinión pública: para muchos ciudadanos, la acción es coordinada por oportunistas, que buscarían sacar una tajada económica del terreno, aunque esta teoría no fue comprobada. Por ahora, la única verdad verificable está en los rostros de desesperación de los villeros, por no saber dónde dormir mañana.
La desocupación es pedida por la empresa Ferrosur, dueña legal del sitio. Se trata de una compañía dedicada al servicio ferroviario de transporte de carga, cuyas acciones pertenecen en un 80 % a la firma Cofesur y un 16 % al Estado argentino. Asimismo, quienes apoyan el desalojo argumentan que los ocupantes estarían interfiriendo con una presunta obra pública para proveer de agua potable a los vecinos de la villa, algo que no les consta a los delegados de la toma: “Nadie nos mostró los planos ni el plan de obra”, subraya Arrieta.

Por su parte, el abogado de los ocupantes, Pablo Viñas, va a presentar un escrito ante la Justicia pidiendo tres puntos centrales: “Que cese la orden de desalojo, que permitan entrar y salir del predio a las personas para poder cubrir sus necesidades básicas y que incluyan en la mesa de diálogo a las familias”, comenta para este medio. “Solo se reunieron los ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad para debatir el procedimiento del desalojo”, se indigna.
Así las cosas, va cayendo la noche en la Villa 21-24, un inmenso barrio popular caracterizado por sus calles de tierra y la falta de urbanización en varios sectores. Afuera del muro, los vecinos contemplan la tensa situación, tomando mate y escuchando cumbia. Desde adentro, empiezan a encenderse las fogatas, mientras resuena un cántico de feliz cumpleaños. De pronto, dos delegadas salen al exterior para sacar a una mujer, que está descompuesta, mientras piden a la Policía Federal que las ayude para pedir una ambulancia, que nunca llega. Es que, se trata de un vehículo inusual para los angostos caminos de las villas.   
“Soy una persona que necesita”
“Tienen intención de sacarnos”, cuenta Diego, otro de los ocupantes. La mañana del miércoles inicia con mal pronóstico, y personas muy mal dormidas: “Pasamos la noche con frío. El viento casi tira todas las carpas”, agrega. El contexto general es crítico, y la descripción que hace el joven parece de siglos pasados: “La necesidad más urgente son los baños. Estamos haciendo agujeros, pozos en la tierra. Algunos los tapamos”.

El entrevistado comenta que se plegó a la acción porque ya no le dan las cuentas. Trabaja 12 horas en una carnicería y alquila una habitación de “dos por tres metros” en la villa, por 15.000 pesos -153 dólares, en la cotización oficial-, donde vive con sus dos hijas y comparte un baño con extraños. “Soy una persona que necesita”, dice. Así, por sumarse  a la toma y faltar al empleo, su patrón le dijo que ya no regrese. “Me vale más un hogar que un par de monedas”, acota el hombre.
Entre tanto, en el predio las horas pasan lentas. De un momento a otro puede llegar la orden que defina el futuro de muchas familias, aunque por ahora los policías nacionales y citadinos tienen una actitud pasiva, intentando que los ocupantes se marchen por motus propio. Diego, desde el lugar, se mantiene firme: “No me voy a mover, voy a seguir aguantando”.
Leandro Lutzky

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