Bolivia: Acuerdo entre Gobierno y la COB para la pacificación
El pasado 19 de junio de 2026, el Gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, firmaron un acuerdo fundamental destinado a poner fin a más de 50 días de bloqueos y movilizaciones sociales que habían paralizado al país.
Detalles del acuerdo
El convenio establece una hoja de ruta para la pacificación nacional, abordando diversas demandas sociales y económicas. Los puntos centrales del acuerdo incluyen:
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Derechos y Libertades: El Gobierno se compromete a no criminalizar la protesta ni ejercer persecución política o judicial contra dirigentes sindicales. Además, se conformará una comisión para gestionar la liberación de personas detenidas durante los conflictos.
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Economía y Recursos: Se ratifica el rechazo a la privatización de empresas estratégicas y se garantiza que los recursos naturales no serán entregados a empresas transnacionales. Asimismo, se fortalecerá el sector minero estatal.
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Hidrocarburos: El Ejecutivo se compromete a asegurar el abastecimiento de combustible de calidad y a realizar una auditoría técnica sobre la problemática de la «gasolina basura».
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Control Social: Se establece una agenda de trabajo conjunta con plazos definidos y mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Situación actual: Estado de Excepción
A pesar de la firma del pacto con la COB, la situación sigue siendo tensa. El 20 de junio de 2026, el presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por un periodo de 90 días. Esta medida responde a que, aunque la COB ha instruido el levantamiento de las medidas de presión, los sindicatos campesinos afines al expresidente Evo Morales mantienen los bloqueos de carreteras y continúan exigiendo la renuncia del mandatario.
El Gobierno ha movilizado a las fuerzas de seguridad para restablecer el normal abastecimiento de alimentos y combustibles, al tiempo que mantiene un llamado al diálogo con los sectores campesinos que aún persisten en las movilizaciones, con el fin de evitar mayores daños a la economía y a la población civil.