Guatemala en pie de guerra: el Gobierno decreta Estado de Sitio nacional para desmantelar a las maras
Tras el asesinato de ocho agentes policiales y motines carcelarios, el presidente Bernardo Arévalo suspende garantías constitucionales por 30 días para ejecutar una ofensiva total contra el crimen organizado.
La República de Guatemala ha entrado en una fase de excepción institucional sin precedentes en la administración actual. El presidente Bernardo Arévalo, actuando en Consejo de Ministros, decretó este domingo el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días. La medida responde a una escalada de violencia terrorista atribuida a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que en las últimas horas se cobró la vida de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y desató el caos en el sistema penitenciario con la toma de 46 rehenes.
La ofensiva gubernamental, denominada por algunos sectores como la respuesta definitiva a las «mafias político-criminales», otorga facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad y al Ejército. Bajo este régimen, se suspenden derechos fundamentales como la libertad de acción, de reunión y manifestación, facultando a las autoridades a realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial previa. Arévalo fue tajante en su mensaje a la nación: «No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas; con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas».
Operativos de alto impacto y control penitenciario
La crisis alcanzó su punto álgido durante el fin de semana con motines coordinados en tres recintos carcelarios estratégicos: Fraijanes II, Renovación I y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18. Las estructuras criminales buscaban frenar el traslado de sus cabecillas a penales de máxima seguridad, utilizando a guardias y personal técnico como moneda de cambio. Sin embargo, en una operación combinada de fuerzas especiales, el Gobierno confirmó el restablecimiento del control total y la liberación de todos los rehenes.
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Bajas oficiales: Ocho policías asesinados y más de diez agentes heridos en diversos ataques en la capital.
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Resultados inmediatos: Neutralización de cabecillas y detención de sicarios vinculados a los atentados contra la PNC.
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Medidas preventivas: Suspensión de clases en todo el país para el lunes 19 de enero y alerta máxima en centros hospitalarios como el de Antigua Guatemala.
A pesar del despliegue militar, el Ejecutivo ha subrayado que la vida institucional y las actividades económicas cotidianas deben continuar, siempre bajo la estricta vigilancia de la Operación Centinela. El decreto ha sido enviado al Congreso de la República, que dispone de un plazo de tres días para su ratificación, modificación o improbación, en un escenario donde la unidad nacional frente al crimen organizado parece ser el único camino viable.